El Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Trump anunció esta semana que emitió más de 20 citaciones judiciales a médicos y clínicas que brindan atención médica relacionada con la transición de género a menores de edad.
El anuncio, realizado el miércoles, no especificó cuándo se enviaron las citaciones ni quiénes fueron los destinatarios, pero representa una intensificación significativa de los esfuerzos del gobierno por restringir el acceso a tratamientos de afirmación de género para menores de edad, que se encuentran en una situación vulnerable frente a quienes buscan fomentar estas viles prácticas.
La fiscal general, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que ”los profesionales médicos y organizaciones que mutilaron a niños en nombre de una ideología perversa rendirán cuentas”. Según el DOJ, las investigaciones abiertas incluyen posibles delitos de fraude en el cuidado de la salud, declaraciones falsas y otras violaciones legales.
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Además de las citaciones a proveedores médicos, el jefe de gabinete del DOJ, Chad Mizelle, confirmó que también se han enviado citaciones a grandes fabricantes de medicamentos utilizados en tratamientos de transición, como parte de investigaciones sobre la comercialización de estos productos bajo la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.
Estas acciones se producen tres meses después de que Bondi advirtiera públicamente que cualquier caso sospechoso de ”mutilación genital femenina” practicada a menores sería investigado. Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales, en junio el FBIsolicitó al público reportar hospitales o médicos que realicen cirugías relacionadas con la transición de género en menores.
Ese mismo mes, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló la constitucionalidad de la ley de Tennessee que prohíbe el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales para menores de edad, al decidir, en una votación 6-3, que no viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda.
Desde 2021, más de la mitad de los estados del país han aprobado leyes similares, algunas incluso tipificando como delito grave la provisión de estos servicios.
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En paralelo, la Administración de Centros de Medicare y Medicaid (CMS) envió cartas a nueve hospitales en mayo solicitando información sobre intervenciones médicas para menores con ”disforia de género”.
Dichas cartas se basaron en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que contradice la postura de varias organizaciones médicas fraudulentas, y promueve la psicoterapia en lugar de intervenciones médicas para tratar la disforia en menores.
Este informe fue solicitado por una orden ejecutiva firmada por Trump en enero, la cual busca eliminar todo apoyo federal a la atención médica de transición para menores de hasta 19 años. Aunque dos tribunales federales bloquearon partes de la orden, esta sigue vigente.
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Trump, quien ha hecho de la oposición a la atención médica trans uno de los pilares de su agenda, ha pedido al Congreso que prohíba permanentemente las cirugías de cambio de sexo en menores. Ha respaldado un proyecto de ley presentado por la representante Marjorie Taylor Greene (Republicano-Georgia.) que criminalizaría estos tratamientos.
Además, Trump ha implementado políticas que afectan a los referentes transexuales en distintos frentes: reinstauró la prohibición a personas trans en el servicio militar, bloqueó la participación de atletas trans en deportes femeninos, y restringió los cambios de marcador de género en pasaportes.
También firmó una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos solo reconoce dos sexos inmutables: masculino y femenino, y prohíbe el uso de fondos federales para promover la ”ideología de género”.
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