A pesar del intenso lobby de las plataformas y agencias de juegos de azar en línea, en la Cámara de Diputados avanzan proyectos que tendrían dictamen el próximo miércoles para asestarle un duro golpe a la ludopatía y frenar las ciberapuestas, fenómeno que, desde la pandemia, creció exponencialmente entre adolescentes y jóvenes.
Ese día se realizará un plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes, donde se analizarán los proyectos sobre el tema, que incluso apuntan a prohibir las publicidades de las apuestas en línea, que se han extendido a casi todos los ámbitos.
“Espero que se trate en el recinto antes del 30 de noviembre”, expresó Mónica Frade, presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y diputada de la Coalición Cívica. Con la certeza de que el Gobierno no planea extender las sesiones ordinarias, Frade admitió que el tiempo apremia y quedan pocas semanas para que el proyecto avance. En caso de no concretarse, los dictámenes se quedarán aprobados, pero para el próximo año parlamentario.
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El contexto político y los proyectos en debate
Frade había convocado inicialmente al plenario de comisiones para el jueves pasado, pero la cita se canceló luego de que Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de Legislación Penal, y Roxana Reyes (UCR), de la comisión de Familias, solicitaron más tiempo para analizar los proyectos. Los legisladores discutirán dos propuestas: la primera, impulsada por la Coalición Cívica junto a Maximiliano Ferraro, Unión por la Patria, Encuentro Federal y un sector de la UCR llamado “Democracia para Siempre”. Este proyecto es el que se perfila como el que obtendrá dictamen de mayoría. En contraste, el PRO y La Libertad Avanza respaldan una propuesta más “light”, basada en un proyecto de la diputada Silvana Giudici.
Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la UCR, enfrenta la tarea de decidir entre ambas opciones tras la reciente salida de 13 miembros de su bloque. En el contexto de este debate, Frade negocia acuerdos con Rogelio Iparraguire, vicepresidente segundo de la comisión de Prevención de Adicciones, y con Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal. También se desarrollaron consultas con las radicales Gabriela Brouwer de Koning y Karina Banfi, aunque Brouwer de Koning aún mantiene indefinida su postura: “Estamos analizando los dictámenes y viendo qué vamos a hacer. Todavía no tenemos una postura definida”, expresó la legisladora.
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Ludopatía: medidas clave en el proyecto de la oposición
El proyecto de la oposición incluye la prohibición de publicidad, promoción y sponsoreo de juegos de azar en línea, y la utilización de influencers, figuras del espectáculo y del deporte, así como cartelería en estadios. Sólo se permite la publicidad en bingos, casinos, hipódromos y otros establecimientos de apuestas. De concretarse, sería un golpe letal para la economía de muchos clubes, incluso de la propia AFA, que tienen múltiples vías de publicidad con empresas de apuesta online.
Además, otro de los puntos fuertes y polémicos del proyecto es que limita las apuestas a plataformas con domicilio legal en el país y restringe los métodos de pago a tarjetas de débito, con un tope basado en los límites de extracción en cajeros. Además, se prohíbe el uso de tarjetas de crédito y de prestaciones de ayuda social, mientras que las billeteras virtuales sólo se aceptarían bajo las mismas restricciones de las tarjetas de débito. También se prohíben bonos de captación y bienvenida.
Para evitar el acceso de menores, la iniciativa establece la identificación biométrica de los usuarios al iniciar sesión, debiendo verificar sus datos en el RENAPER mediante reconocimiento facial. Las plataformas de juego deberán incluir herramientas de autoexclusión, límites de tiempo y dinero, y secciones de ayuda para promover el juego responsable.
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Asimismo, el proyecto crea un registro nacional de autoexclusión voluntaria para quienes enfrentan problemas de juego, con una vigencia de hasta 24 meses, aplicable en todo el país gracias a la interoperabilidad de los registros provinciales.
Las familias también pueden solicitar la inclusión de un familiar en el registro, aunque sólo con el consentimiento del involucrado.
Por último, se contemplan sanciones, penas y multas para titulares y terceros que incumplan las normativas, con penas de prisión que se incrementan a un rango de 3 a 10 años, según el artículo 301 del Código Penal.
LT/HB