En las últimas 48 horas la política argentina entró en una nueva controversia judicial que pone en el centro de la escena al entorno familiar de la senadora nacional Patricia Bullrich y, en particular, a su hijo Francisco Langeri Bullrich, quien fue incluido como acusado en una denuncia penal por presunto lavado de dinero, evasión tributaria y asociación ilícita vinculada al manejo de un creciente imperio gastronómico.
La presentación fue formulada ante la Justicia Federal por el abogado Gregorio Dalbón, defensor de Cristina Kirchner y conocido por su participación en causas de alto perfil, y recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo. Dalbón acusó formalmente a Bullrich, a su hijo y a Fernando Goijman de conformar un presunto entramado empresarial diseñado para ocultar el origen de fondos y facilitar la expansión de la cadena de cafeterías Tostado.
Según la denuncia, Francisco Langeri —que figura como vinculado a más de 70 bares y locales gastronómicos bajo marcas como Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A.— lideraría un conglomerado que declara ingresos superiores a los 63 millones de dólares anuales, pero que, a juicio del querellante y de la investigación periodística que motiva el reclamo, no contaría con antecedentes financieros claros ni capital inicial verificable para justificar ese crecimiento. Parte de la argumentación judicial subraya la existencia de múltiples sociedades fragmentadas y domicilios empresariales compartidos, algunos de ellos ubicados en propiedades ligadas a la propia Bullrich, lo que, según Dalbón, complica la trazabilidad fiscal y la transparencia contable.
El núcleo de la acusación no se limita a la simple titulación societaria. El abogado vinculado a Cristina Kirchner pidió medidas concretas: allanamientos, revisión de documentación contable y fiscal, y requerimientos ante la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para verificar el origen y destino de los fondos que permitieron la rápida expansión de la cadena. Langeri Bullrich, cuyo perfil empresarial se consolidó en los últimos años, pasó de un rol técnico previo a ser la cabeza visible de un negocio con decenas de locales en shoppings, aeropuertos y zonas de alto tránsito comercial.
El único hijo de la ex ministra de Seguridad y Marcelo Langeri nació en 1983 y durante sus primeros años fue inscripto con un nombre falso, una decisión que estuvo vinculada al contexto político y social de la época. Según reveló Patricia Bullrich en una entrevista, tanto ella como su pareja estaban exiliados del país desde 1977, por lo que seis años después lo inscribieron, bajo su actual nombre. A diferencia de su madre, que tiene una trayectoria pública marcada por la agenda política, Langeri Bullrich eligió mantener un perfil bajo.
La denuncia se presenta en un contexto de tensión política. Días antes, Patricia Bullrich había denunciado ante el Tribunal de Ética de la Conmebol a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades, lo que derivó en una fuerte respuesta pública de figuras como Chiqui Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quien al responder ironizó sobre las actividades de Tostado. Hasta el momento, la causa está en manos del fuero federal y deberá definirse si el juzgado hace lugar a la apertura formal de la investigación, un proceso que podría implicar citaciones, medidas de prueba y de indagatoria si se considera que hay elementos suficientes para avanzar.
La familia Bullrich no ha emitido comunicados formales sobre la denuncia más allá de las respuestas públicas en redes sociales de la senadora, que ha puesto el foco en sus propias presentaciones judiciales contra la AFA. Este caso marca un capítulo más en los escándalos de este año y plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de negocios de figuras públicas y sus entornos familiares.