Hay dos problemas emergentes en los que el Gobierno de Javier Milei muestra un exceso de confianza y que podrían derivar en un conflicto inter-poderes sobre el final de su primer año de mandato. El primero es la cada vez más probable nominación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema que pone en vilo cierta pax institucional que había logrado sobrellevar con el Poder Judicial. El segundo es cómo ejecutará un presupuesto doblemente reconducido que encendió todas las alarmas, en el Consejo de la Magistratura y en la Procuración General de la Nación por la sustentabilidad del sistema de administración de justicia, en 2025.
Tal como adelantó Ámbito, la semana pasada, el Gobierno decidió que los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla no integraran el temario de un –por ahora- inexistente llamado a sesiones extraordinarias del Congreso para diciembre. Obvio que esa exclusión tiene un plato fuerte que es el propio Presupuesto. Pero es una muestra de por qué el tema del decreto “en comisión” dominó el aire durante la tradicional cena de la Asociación de Magistrados, donde se congregaron las principales figuras del sistema judicial, entre jueces y fiscales.
El Poder Ejecutivo está convencido de que, si Milei madura la opción de emitir un decreto a partir de la salida de Juan Carlos Maqueda de la Corte, será el vicepresidente Carlos Rosenkrantz quien les tome juramento para la posesión del cargo, y que ambos candidatos, además, aceptarán esa condición para ingresar en el máximo Tribunal, aunque sea por un año y desde allí negociar los votos en el Senado antes de que caduque su estadía. Ámbito pudo confirmar que ese escenario de una jura en plena feria tiene nulas chances de concretarse. En el Gobierno, reconocen que no se conversó previamente.
Sin diálogo en las máximas esferas
Hay una cuestión de escala. “Esto no lo puede definir ni un interlocutor ni un monotributista”, se escuchó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, en referencia a los funcionarios que tienen diálogo con la Corte por temas operativos, o por el estratega detrás de los nombramientos judiciales, el asesor presidencial Santiago Caputo. Un movimiento de estas características sería de primera magnitud. Obligaría a una conversación directa entre Javier Milei y los integrantes de la Corte Suprema para consensuarla. Esa conversación jamás existió.
En algún punto comparan a la administración libertaria con la de Alberto Fernández. Si bien en términos operativos están a años luz de comunicación y eficiencia con el actual Ministerio de Justicia, el diálogo entre las cabezas de los poderes es esquivo, por no decir deliberadamente desdeñado. En rigor, Milei, en una reciente entrevista no hizo más que agitar la chance que Ámbito venía informando desde la semana pasada: “Si me aparece la demanda y el Senado no resuelve, yo lo tengo que resolver. Transitoriamente resuelvo el problema, y después que el Senado lo convalide o lo rechace”, sostuvo.
Pero la pregunta no es quién podría convalidar, sino quién está en condiciones de rechazar. Hoy, es Cristina Kirchner quién podría alinear 33/34 senadores (cuando asuma la reemplazante de Edgardo Kueider) en contra. Milei podrá decir que lo boicotean, pero los candidatos quedarían directamente astillados, o cautivos del principal bloque opositor. Por eso García Mansilla se sulfuró cuando este diario reveló que había enviado un mensaje contemporizador a la toldería K por eventuales guiños en causas que impactan en la ex presidenta. Como decíamos antes, con temas de esta magnitud es imposible guardar secretos.
En la trinchera kirchnerista temen por lo contrario: que asuman en esas condiciones. Fantasean que una Corte “en comisión” adquiera una inusitada autonomía que les permita negociar luego con los gobernadores sus propios votos y desarmar el frente en común con el que el PJ les mostró los dientes. Este fantasma proyecta cierta fragilidad en la propia cohesión del peronismo bajo la nueva conducción de Cristina. La pregunta que debería formularse entonces es si una Corte Suprema “chica” representa realmente un “obstáculo” para Javier Milei. Sigue habiendo un problema de mercado: la oferta no es convalidada por la demanda. Podría decirse que el mensaje velado que cruzó desde tribunales hacia la Casa Rosada puede ser traducido en “¿cuál sería el problema en esperar?”
Desde ese punto de partida, se conjura otra fantasía que sobrevuela los despachos oficiales: que el Presidente puede tomarle juramento a los miembros de la Corte. No aplica ni la acefalía ni tampoco el Artículo 112 de la Constitución Nacional que versa que en la “primera instalación” de la Corte Suprema juran a manos del presidente, pero “en lo sucesivo prestarán ante el presidente de la misma Corte”. No aparecen atajos por el lado de la Constitución, algo que parece la dimensión desconocida para los twitteros oficiales.
Discursos dirigidos el Ejecutivo
Todos los discursos en la cena de la Asociación de Magistrados fueron una advertencia para intentar que el Gobierno no traspase ciertos límites institucionales. Desde el del Presidente de la AMFJN Andrés Basso que hizo un repaso de cómo se evitó que en la Ley Ómnibus se insistiera en el traspaso de la justicia nacional a la órbita de CABA, el tema de una deficiente implementación del Impuesto a las Ganancias para los magistrados, o la colaboración en torno a la aplicación del código procesal penal nuevo. Pero lo principal del discurso fue alertar sobre las reformas judiciales que se intentan en Latinoamérica para cercenar el rol de contrapeso del Poder Judicial, además de la acuciante situación de las vacantes. Fue en la misma línea que el homenajeado Maqueda que volvió a mencionar los “nubarrones” que percibe ante intentos de los Poderes Ejecutivos de varias latitudes que tienen derivas autoritarias. Todos fueron mensajes al Poder Ejecutivo local. Hasta el mismo Horacio Rosatti hizo mención a la crisis de vacantes. Hasta con mucha más sutileza, Carlos Rosenkrantz adornó un homenaje a su colega Maqueda exaltando virtudes que tenían un mensaje contenido: “Juan Carlos está incluido en la corta lista de políticos transformados en jueces que entendieron que la colegialidad, imparcialidad e integridad constituyen ingredientes ineludibles de todo juez bien plantado”. ¿Un mensaje para el que llegue? Esta Corte no está configurada para jugadas personales, cualquiera sea su índole.
Alarma por el Presupuesto
Todo lo anterior, especialmente la loa de Rosatti en su discurso a la función del Consejo de la Magistratura con el mismo presupuesto y una estructura “idéntica a los 90”, lleva al segundo problema que es el dinero. Sin la aprobación de un Presupuesto para 2025, las alarmas se encendieron en varios lugares. Uno de ellos fue la Comisión de Administración Financiera del Consejo que hizo las cuentas de que el año próximo iniciaría con un crédito inicial de $13.350 millones que, restadas las obras en ejecución, inversiones de capital, arroja un déficit estimado en más de $30 mil millones. Ese es el rojo desde el que se parte a partir del 1 de enero, solo en bienes de uso. Es decir que, más allá de salarios, obras nuevas, cableados estructurales, provisión de computadoras, softwares especiales y compra de inmuebles quedarían automáticamente paralizadas.
Algo similar ocurrirá con la Procuración General de la Nación que también hizo números. Para sostener la estructura para fiscales federales y nacionales junto a las Procuradurías Especializadas, en 2023 habían pedido $12 mil millones, de los cuales se autorizaron sólo $3200 que terminaron siendo $3500 por readecuaciones, en números gruesos. Para el período 2024, el pedido de fondos fue por $33 mil millones, se autorizaron solo $3500 (el crédito final vigente del presupuesto reconducido) que debieron ser $16700 para evitar el colapso.
Para este año próximo, habían solicitado $137 mil millones para funcionamiento total (teniendo en cuenta la implementación del sistema acusatorio). Es probable que se parta del último crédito vigente que representa casi el 15% de esa cifra. Existen otros reproches: contabilizan que hace dos presupuestos que no se giran fondos para la creación de cargos que, con el acusatorio en marcha y ante la obligación de dotar de personal las fiscalías, debieron echar mano de todos los recursos de personal que se ahorraban para contingencias desde hace 7 años, lo que coincide con la gestión de Eduardo Casal, de la que ahora se quejan en la Casa Rosada. Aclaran, además, que los dos años anteriores no incluyeron ajustes por inflación, lo que sí ocurre para el de este año, por eso explica el salto.
Pero a su vez, la restricción en las cuotas de lo comprometido y lo devengado del último trimestre de este año del orden de $5 mil millones de pesos impediría la ejecución del 30% del presupuesto vigente. Esto también comenzaría a dejar en rojo a la Procuración a partir de las 0 horas del 1 de enero próximo. El panorama no hace más que multiplicar las caras largas.