Por la chimenea política de la Casa Rosada y el Instituto Patria cayó este jueves un oportuno regalo navideño de Papá Noel: la resolución de la Corte Suprema de Justicia que obliga a la realización del juicio oral por el supuesto encubrimiento del atentado terrorista contra la sede de la AMIA, a través del pacto con Irán gestionado y tramitado por Cristina Kirchner en 2013.
Ese acuerdo político que creaba una gaseosa Comisión de la Verdad ante la cual los cinco ex funcionarios del régimen teocrático shiíta acusados de planificar el ataque hubieran “declarado” en Teherán sin que ningún juez los molestara, tuvo vida corta pese a la exitosa presión K para aprobarlo en el Congreso: como Irán no lo ratificó y la justicia argentina lo declaró inconstitucional en 2014, el asunto quedó en nada.
Pero no para todos: Alberto Nisman, el fiscal especial para el caso AMIA bendecido por Néstor Kirchner luego del desplazamiento de sus antecesores, investigó los motivos y la génesis del pacto con Irán, y concluyó que debajo de la hojarasca y el papeleo la intención política era liberar a los iraníes de las alertas rojas con la que Interpol obligaba a detenerlos en cualquier lugar del mundo en que fueran identificados. Dicho sea de paso: pese a que esas alertas continuaron vigentes, varios de ellos se pasearon por donde quisieron sin que nadie los molestase. Incluso en Bolivia, a tres horas de avión de Buenos Aires.
En uno de sus recordados diálogos telefónicos con su mayordomo Oscar Parrilli, grabados por la justicia, Cristina admitía que este caso es el que más le preocupaba entre todos los que la tienen como acusada, y ya ahora condenada con sentencia ratificada. Tal vez por el impacto internacional que acarreaba, tal vez porque suponía que a los otros expedientes podría disolverlos.
Aquella confesión se tradujo en cientos de apelaciones, recursos y todo el poder político de la luego vicepresidenta de la Nación para detener el caso antes de que llegue a juicio y se ventilen cosas que evidentemente ella prefiere que permanezcan en las sombras. Ese pelea tuvo su cenit cuando el TOF 8, que ya estaba organizando la lista de testigos para las audiencias, de golpe resolvió cerrar el caso sin enjuiciarlo. Es decir, sin hacer la tarea que le correspondía llevar a cabo.
Pero el partido no termino allí, porque tanto el Ministerio Público Fiscal como un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista discutieron esa inesperada resolución ante la Casación Federal, que terminó dándoles la razón y reabriendo el caso. El último manotazo de Cristina y sus exfuncionarios acusados con ella quedó hundido por la Corte este jueves.
Hasta ahí, las noticias judiciales. Pero una lectura correcta de esas novedades no debería excluir la oportunidad que el máximo tribunal eligió para pronunciarse.
Para empezar, la selección de los temas que se tratarán en cada acuerdo es potestad del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. En segundo lugar: la de esta semana es una de los últimas reuniones con la presencia de Juan Carlos Maqueda, el ministro que en tres semanas cumplirá 75 años y se jubilará.
Su reemplazo y el de Elena Highton, que renunció a la Corte en 2021, están en el centro de la disputa política entre el gobierno y las distintas fuerzas opositoras. También -con mucha más intensidad aún- en el seno mismo del máximo tribunal.
Los candidatos de Javier Milei, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, chocaron contra un muro aún impenetrable. Con la necesidad de reunir dos tercios de los senadores presentes en la sesión en que se discutan sus pliegos -si estuvieran los 72, ese número mágico sería de 48 manos alzadas-, las miradas se dirigieron de inmediato hacia Cristina Kirchner, en cuyo liderazgo se referencian los 33 senadores peronistas. Es cierto, algunos de ellos lo hacen con devoción canina y otros con menos apego. Pero nadie espera que se caigan muchos votos de aquella masa.
Y acá comienza la zona de especulaciones y definiciones. Como en el cuento de Hansel y Gretel, la expresidenta viene sembrando con migas de pan el camino para que Milei se avenga a negociar con ella un amplio acuerdo que contemple temas de fondo y cuestiones coyunturales.
Entre estas últimas ya florecieron las primeras coincidencias: Martín Menem fue confirmado en la presidencia de la Diputados en coincidencia con la escandalosa renuncia libertaria al proyecto de Ficha Limpia. Hechos.
La pelea de fondo, sin embargo, es por el diseño y la integración de la Corte, en un ring al que también podrían subirse casi ciento cincuenta jueces federales y nacionales preseleccionados por el Consejo de la Magistratura pero elegidos por los gobernadores, quienes a su vez también tienen llegada al oído de muchos senadores.
Un juego grande, que crece, decrece, se rompe y se reconstruye en las líneas telefónicas de Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y los enviados de Cristina Wado De Pedro, Juan Martin Mena y Juan Manuel Olmos.
Pues bien: la Corte echó este jueves una avalancha de nieve sobre esos incipientes fogones. Para Cristina, es terrible la confirmación final de otra cita en el banquillo de los acusados, nada menos que como hada protectora de los iraníes que idearon y ejecutaron con impunidad el peor atentado terrorista perpetrado en América Latina. Esa confirmación ocurre, además, cuando Irán está en el subsuelo de la consideración política mundial, excepto para la minoría bolivariana que la exvice venera y de la cual participa. El reciente intercambio de misiles de Teherán con Israel y el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos agravan sensiblemente ese lugar incómodo.
Por esas mismas razones, la resolución de la Corte también es un rayo paralizante para Milei. Autoproclamado como el mejor aliado de Tel Aviv en el mundo, interlocutor preferencial del presidente electo en Washington y este mismo jueves anfitrión en la estación argentina de la cumbre conservadora CPAC, al líder libertario no le sobra paño para jugar a las escondidas con la acusada de favorecer a terroristas.
El máximo tribunal eligió el momento para clavar su banderilla sobre el toro: mientras se discuten las postulaciones de Lijo y Garcia-Mansilla -el primero, apoyado fervientemente por el ministro Ricardo Lorenzetti y resistido con igual pasión por sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- y un mes antes de que se cumplan diez años de la muerte del fiscal que con su denuncia inició esta causa, tan impune como el atentado a la mutual judía.
Un último mensaje cifrado se esconde en la resolución de la Corte, aunque tal vez ni los propios ministros se hayan propuesto enviarlo: este jueves 5 de diciembre, Alberto Nisman habría cumplido 61 años.