Aún bajo secreto de sumario, el fiscal federal Franco Picardi trabaja sobre un eje central: determinar si existió o no, una ruta de coimas. Por ese motivo solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre los hermanos Kovalivker y de Diego Spagnuolo, para saber si hubo corrupción. Mientras tanto, el fiscal general Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), analiza una gran cantidad de facturas de la ANDIS y la droguería para establecer la posible existencia de sobreprecios y direccionamiento de licitaciones.
La causa lleva abierta poco más de una semana y bajo estudio se encuentran presuntos hechos de corrupción que involucran a la droguería Suizo Argentina SA y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a través de un posible circuito de sobornos.
La Justicia federal durante los últimos allanamientos exigió la entrega al organismo público como a la compañía de la familia Kovalivker, de documentación vinculada a compra de medicamentos como también correos electrónicos. Previo a ello, ya contaba con el secuestro de quince cajas de documentación tanto del organismo público como de la droguería bajo sospecha.
Hay dos esquemas que se entrecruzan. Por un lado la sospecha de que se favoreció a la droguería Suizo Argentina SA de manera irregular con compras de medicamentos. En este punto se investigan posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas.
En caso de corroborar que ese entramado existió, tiene inmediata repercusión en el segundo esquema y en el que se concentra el fiscal Franco Picardi: la posible ruta de coimas.
Los posibles sobreprecios
En lo que concierne a las posibles irregularidades alrededor de las compras que en el último año alcanzan a los $ 55.000 millones si se circunscriben a las licitaciones de la ANDIS y Ministerio de Salud de la Nación, trabaja la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la PIA tiene bajo estudio en esta primera etapa, una gran cantidad de facturas de compras. Es lo que mayoritariamente se secuestró durante los primeros operativos.
En función de este análisis inicial, lo que se busca establecer es si los números de esas facturas que exponen compras-ventas entre ANDIS y la droguería Suizo Argentina SA, dan cuenta de algún posible sobreprecio.
De la mano de ese recorrido, la PIA trabaja en la normativa que rige las contrataciones, las compras y licitaciones que vinculan al organismo de Discapacidad y a la empresa de los Kovalivker. La pregunta esencial es si se respetaron las leyes que establecen cómo deben ser dichos procedimientos o si existió direccionamiento en los mismos.
Se aguarda en estos días, el envío de la última documentación secuestrada: más contratos de compras de medicamentos. Hay dos datos relevantes al respecto, la droguería se convirtió en la principal proveedora de la ANDIS y la intervención del organismo ya detectó sobreprecios del 27% en un medicamento puntual.
La Procuraduría que tiene competencia directa en aquellos presuntos delitos cometidos por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, empresas del Estado como todo aquello que involucre fondos del Tesoro, interviene en la causa por decisión del fiscal Picardi.
La ruta de las coimas
En Comodoro Py la fiscalía trabaja en la reconstrucción del posible circuito de sobornos. En función de eso una de las últimas medidas requeridas al juez Casanello por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, fue el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. La medida alcanza al ex funcionario de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la ruta de los fondos es una tarea en la que se concentra la fiscalía en función de los hechos denunciados y que dieron origen al expediente penal.
La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios tomaron estado público y apunta contra Javier Milei, Presidente de la Nación; Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación;Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina.
El texto judicializado sostiene: “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican”.
Todo cuenta, para el representante del Ministerio Público Fiscal, “el grado suficiente de sospecha sobre la posible comisión de delitos emparentados a actos de corrupción”, explicaron fuentes judiciales a Clarín a la hora de determinar cuál es el punto de partida de la causa que tiene en vilo al gobierno nacional.
En los últimos allanamientos, el fiscal Picardi ordenó que se secuestren mails y toda la documentación sobre vínculos comerciales. Esto tiene que ver con un pedido puntual de retirar de la Agencia y de la droguería, “más expedientes de compra de medicamentos”, como explicaron fuentes allegadas a la causa.
El trabajo está en la reconstrucción de la ruta de las presuntas coimas. Por ese motivo, requirió todo tipo de documentación que contribuya a clarificar los vínculos económicos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina SA.
Hace una semana ingresó a la fiscal pagos del organismo de discapacidad nacional a la Suizo Argentina por 10.828.052,146. Las cifras bajo investigación incluyen otros contratos.
La justicia busca realizar la trazabilidad de los pagos realizados por parte del organismo público, a la empresa ahora sospechada de haber pagado presuntos sobornos para hacerse de contratos multimillonarios.
Es decir: la droguería se convirtió en la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS ¿bajo un circuito de beneficios irregulares? ¿Era el pago de coimas la forma de consolidar este sistema? Son las preguntas que tiene abiertas el fiscal Franco Picardi y sobre las que trabaja.