El Gobierno sigue apuntando a los aportes compulsivos que se realizan a través de los convenios colectivos. Tras el decreto 149, que impide que los acuerdos colectivos de trabajo puedan imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de pago a favor de cámaras empresariales a los empleadores no asociados o afiliados a las mismas, el oficialismo denunció ahora un presunto monopolio direccionado a una empresa denominada ‘La Estrella’.
Es que a través del convenio colectivo homologado por varias gestiones del ministerio de Trabajo, se otorgó un monto fijo por un seguro de retiro obligatorio que pagan empleadores a esta única empresa aseguradora.
La denuncia la realizó en las últimas horas la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, ante Defensa de la Competencia, luego de un encuentro organizado este martes por la propia legisladora en el Congreso, del que participaron empresarios de supermercados, Pymes y comerciantes de varias localidades del país.
Según explicó a iProfesional la diputada, “la empresa aseguradora se queda con el 50% de los aportes” que hacen empleadores para sus empleados para “sostener el sistema administrativo” y el resto del dinero lo administran a tasas menores a la inflación. Este tipo de costos ocultos encarecen los precios finales en góndola.
Para Pagano, “este tipo de costos obligados por parte de los empresarios perjudican al trabajador, quien no ve el dinero completo del aporte realizado, ya que la empresa lo licua a través del tiempo. ¡Otro curro afuera!”.
La finalidad es bajar el costo de los productos, sobre todo cuando se trata de productos esenciales, advirtió la diputada oficialista.
La denuncia se realizó luego de un análisis de las cadenas de valor, “y para determinar por qué los precios llegan tan inflados a las góndolas”, y según Pagano, se trata de avanzar sobre “los costos ocultos que estamos intentando eliminar”.
“Recibí denuncias acerca de unos fondos que van direccionados a un seguro de retiro a través de la homologación de acuerdos paritarios, que no beneficia al 100 por 100 de los trabajadores, no va al trabajador y no se actualiza por inflación”, afirmó Pagano, que agregó que “lo sospechoso que dicen los empresarios es que está únicamente volcado a una empresa aseguradora que se llama La Estrella”.
Pagano explicó: “Tengo la obligación como funcionaria de denunciar para que se investigue si a través de la homologación que han hecho los distintos Ministros de Trabajo hay una incompatibilidad del funcionario, pero también si hay un monopolio”.
Otro organismo público, en la mira de Javier Milei
Pagano ya había presentado un pedido de informes acerca del destino de los fondos provenientes del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) para brindar transparencia sobre el manejo de este aporte.
“No hay rendición de cuentas públicas de los millonarios fondos, que tiene de rehenes a todos los comerciantes y alimenta a la casta gremial empresaria”, apuntó Pagano.
La contribución obligatoria al INACAP por parte del empleador se efectúa desde el año 2008 por cada empleado de comercio, que alcanzan a 1.2 millones de trabajadores (la paritaria más grande del país).
El aporte involucra el 0.50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial, por lo que se incrementa con cada paritaria y por la cual se recaudarían millonarios fondos mensuales.
“Es decir, las mismas entidades gremiales patronales se autobenefician con cada aumento paritario, porque eso involucra mayor recaudación para ellas mismas”, indicó la diputada.
Entre los argumentos señaló que “si se tiene en cuenta que en marzo de 2025 la cuota de INACAP es de $4.725,02 por cada trabajador, se calcula una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año, aproximadamente, pero no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace con dichos fondos”.
“El INACAP se beneficiaba en cada paritaria, ya que en esos convenios colectivos asociados al gremio de los comerciantes, que alcanza a 1.500.000 de personas, establecía compulsivamente un porcentaje que debía ir al INACAP. Eso se eliminó, pero hay que investigar ahora hacia dónde fueron esos fondos porque los empresarios denuncian que no conocen a ningún empleado que haya recibido a través de esos fondos para capacitación”, precisó Pagano.
¿Qué implica el fin de los aportes obligatorios a las cámaras empresarias?
El decreto 149 eliminó el cobro compulsivo a empleadores no afiliados y afecta especialmente al comercio y la industria.
Con esta medida, los acuerdos colectivos de trabajo ya no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de pago a favor de cámaras, asociaciones o agrupaciones empresariales a los empleadores no asociados o afiliados a las mismas, salvo que estos últimos los acepten voluntariamente.
“El decreto establece que estas cláusulas no tienen fundamento normativo y afectan la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores y vulneran los principios constitucionales de legalidad y representatividad”, aclaró el Gobierno en la medida publicada la semana pasada en el Boletín Oficial.
El sector más alcanzado por este recorte es el de Comercio, cuyo convenio colectivo dispone un aporte obligatorio para socios y no socios de las respectivas entidades, equivalente a $4.700 por trabajador por mes (el 0,5% de la nómina). Dado que el sector emplea 1,2 millones de trabajadores, la recaudación mensual asciende a $5.640 millones y a casi $68.000 millones anuales.
El monto real percibido se estima en $3.000 millones por mes, que son cobrados vía el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap).
El Inacap existe desde 2008 y se financia, según su web, con “una contribución patronal mensual de carácter obligatorio. La misma es a cargo del empleador y concierne a todos los empleados que se encuentren bajo la órbita del Convenio Mercantil”.