El presidente Javier Milei deberá promulgar la Ley de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario luego de que, este jueves, la Cámara de Senadores ratificara la vigencia de ambas normas tras el veto del Ejecutivo.
Las dos leyes fueron acompañadas por más de dos tercios de los senadores, por lo que el Gobierno deberá ejecutarlas. En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, la norma fue respaldada por 58 senadores, mientras que sólo 7 votaron en contra y 4 se abstuvieron.
“Originalmente, a principios de agosto, la Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada en el Congreso de la Nación con un amplio consenso. La misma establece un mecanismo de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país. Asimismo, su puesta en marcha no compromete fiscalmente al Estado, ya que establece de donde salen los recursos y afecta sólo un pequeño porcentaje del PBI”, manifestó en un comunicado la Universidad Nacional de Rosario, tras conocerse el resultado de la votación.
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A favor de la ley y en contra del veto votaron 33 de los 34 senadores del interbloque de Unión por la Patria; 12 de los 13 radicales; los dos santacruceños; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; Carlos Espínola y Alejandra Vigo de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; la chubutense Andrea Cristina; la tucumana Beatriz Ávila; el salteño Juan Carlos Romero; y Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez del PRO, informó El Parlamentario.
Por el contrario, rechazaron la norma y acompañaron el veto de Milei, 5 de los 6 senadores de La Libertad Avanza; la cordobesa Carmen Álvarez Rivero del PRO; y el aliado libertario Francisco Paoltroni.
En cambio, se abstuvieron el misionero Martín Goërling Lara, la bullrichista Carolina Losada, la pampeana Victoria Huala y Alfredo De Ángeli. En tanto, estuvieron ausentes Patria Antonio Rodas (UxP); Vilma Bedia (LLA) y la senadora de Chubut Edith Terenzi.
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario
La norma establece, principalmente, la obligación de recomponer los salarios del personal universitario y del presupuesto para gastos de funcionamiento. En cuanto al origen de los fondos, la ley dispone que se obtendrán de los recursos coparticipables que recauda el Estado Nacional.
El proyecto le da una respuesta a la crisis que atraviesan las universidades por la falta de actualización presupuestaria. Desde diciembre de 2023, el Gobierno prorrogó la Ley de Presupuesto. Esta decisión implica que, desde enero de 2024, se haya acumulado una diferencia del 134 % entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento. A esto hay que sumarle el desfase de este año, en el que la inflación continuó en aumento.
En ese sentido, los fundamentos de la ley indican que “el presupuesto asignado a las universidades para 2025 representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa de las actividades académicas, de investigación y de extensión”, y que el 70 % del personal cobra por debajo de la línea de pobreza.
Al mismo tiempo, el proyecto impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional reafirma que el Gobierno tiene los fondos para garantizar las actualizaciones: “El Poder Ejecutivo Nacional tuvo los fondos necesarios para haber mantenido tanto los gastos operativos de las universidades como los salarios docentes y no docentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior”.
En ese sentido, se indica que, entre 2023 y enero de 2025, “las transferencias para sueldos docentes y no docentes se incrementaron en un 103 %, frente al 179 % del IPC (lo que equivale a una reducción del 30 % del salario real). Mientras que, si comparamos la variación de los sueldos con el incremento del ingreso tributario nacional, se puede observar que el Poder Ejecutivo Nacional redujo en un 50 % las partidas asignadas al sistema universitario nacional”.
LM