El decreto 137/2025 por el que Javier Milei designó “en comisión” a los jueces federales Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema “hasta la finalización del próximo periodo legislativo“ se convirtió en una papa caliente en el Senado, donde hay bibliotecas divididas sobre las posibilidades que tienen los legisladores de frenar el nombramiento de los letrados.
Si bien casi todos los bloques, incluidos los aliados del PRO y la UCR, repudiaron la decisión de Milei y en Unión por la Patria se jactan de tener los números para rechazar a ambos candidatos, ninguna bancada adelantó aún si pedirán una sesión especial para pasar de las declaraciones a los hechos. “No hay certezas jurídicas y hay visiones divididas”, confirma un senador.
No tienen tanto tiempo para pensar. Una grupo de legisladores está alertando sobre la posibilidad de que el Gobierno retire los pliegos para que no puedan rechazarlos. Ese es un derecho que tiene el Ejecutivo. Para retirarlos no hace falta ninguna votación pero sí el trámite administrativo se cumplimenta cuando se lee el mensaje de retiro del Presidente en el inicio de una sesión.
“Si los retiran y no mandan otros nombres es una locura. Porque va a pasar un año, ¿y qué? ¿Milei va a sacar un nuevo decreto por otro año? Más allá de que no se cumpliría con la manda constitucional del aval del Senado, los jueces quedarían a tiro de decreto y si no hacen lo que Milei quiere no les renueva. ¿Y la independencia de la Corte?”, analiza una senadora que sabe del tema.
Pero la siguiente pregunta es qué pasa si el Gobierno no retira los pliegos y el Senado los rechaza. Hay bibliotecas divididas: algunos legisladores y constitucionalistas aseguran que si el Senado rechaza los jueces deberían dejar de ocupar el lugar en la Corte. Otros plantean que el rechazo del Senado no revocaría la decisión. Sobre todo si la Corte les toma juramento.
“En todo caso, pueden estar un año pero cuando termine el año parlamentario los dos quedan fuera de juego porque sus nombres ya fueron rechazados por el Senado”, plantea un peronista.
Otros contradicen: “El plazo de un año que se fija no es un mandato, es un tiempo que se le da al Senado para que trate el acuerdo. Si se cae, deberían ser removidos”.
Por otra parte, la posibilidad de rechazar el decreto en sí por mayoría simple -algo que varios esbozaron- también cosecha la negativa del grueso de senadores.
Señalan que como no se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sino un decreto autónomo dictado a raíz de las facultades que el artículo 99 le otorga a la Presidencia, no tiene el mismo tratamiento. De hecho, plantean algunos, sería rídiculo que vaya a la bicameral de trámite legislativo y que los diputados tengan incidencia en una cuestión de pliegos, que no está en sus facultades. Solo el Senado da aval, o no, a las designaciones.
El constitucionalista Diego Armesto recuerda que la designación de jueces es una facultad compartida. “El Senado tiene voz en esta instancia”, aseguró en diálogo con Clarín. Recuerda incluso el falló de 1958 del juez Belisario Montero, un juez designado en comisión que el Congreso revocó. En ese caso, igualmente, el Senado dio luz verde a su reemplazante y Belisario Montero quería quedarse en el puesto hasta que termine el año parlamentario. Pero la decisión del Congreso se impuso y no pudo hacerlo.
El problema extra en este caso es que si Lijo es rechazo, no hay otro nombre propuesto. No hay plan B.
Así las cosas, el Congreso esperará a ver si la Corte les toma juramento y el tono del discurso de Milei en la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo. Una vez iniciado el período ordinario diseñarán una estrategia. Si bien en las bancadas dialoguistas hay opositores furibundos a Lijo, tampoco quieren firmar un pedido de sesión especial junto al kirchnerismo. Es su límite. En UP todavía no definieron si harán un pedido por su cuenta, aunque aseguran tener los 25 legisladores para bloquear los pliegos.