El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, se encuentra actualmente bajo la lupa del Consejo de la Magistratura, con nueve denuncias en su contra, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
La notificación formal de los cargos se realizó la semana pasada y Maraniello cuenta con 20 días para presentar su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del organismo.
La gravedad de las acusaciones motivó que la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) solicitara desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del juzgado para proteger la integridad física y psíquica del personal. La organización sindical celebró “haber logrado la consigna policial en el horario laboral” y recordó que la notificación se realizó conforme al artículo 11 del reglamento de la Comisión de Disciplina, encabezada por el abogado César Grau.
Las denuncias contra el juez que prohibió difundir audios de Karina Milei
Los expedientes en contra de Maraniello incluyen abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Una empleada denunció que, a menos de una semana de empezar a trabajar, fue abordada por el juez fuera del horario laboral por temor a perder su puesto, siendo sometida a “tocamientos y besos no consentidos” y obligada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
Otra trabajadora denunció haber recibido mensajes por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y maltrato laboral, además de acercamientos físicos no deseados. La víctima señaló que tuvo que recurrir a medicación para sobrellevar el contexto laboral, mencionó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y finalmente formalizó la denuncia ante la Unidad de Bienestar Laboral.
En estos casos, intervino la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, aunque la denunciante aclaró que no buscaba iniciar acción penal. La fiscal Mariana Labozzetta explicó que los hechos podrían constituir delitos públicos debido a la condición de funcionario judicial de Maraniello, por lo que los expedientes pasaron a la jueza María Servini y al fiscal Carlos Stornelli.
El proceso disciplinario sigue en curso, con la evaluación de pruebas y testimonios. La Comisión de Disciplina analiza si corresponde imponer sanciones administrativas o remitir los casos a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la remoción del juez. Las denuncias incluyen acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial, y varios expedientes fueron enviados por la Cámara Contencioso Administrativa y la Oficina de Bienestar, aunque permanecen bajo reserva.
El gremio judicial remarcó que el avance de las entrevistas con empleados actuales y antiguos ha permitido identificar “más y más casos”. Entre los testimonios, se mencionó la vulnerabilidad de algunas víctimas, como el caso de una trabajadora interina que era hija de un camionero y la primera universitaria de su familia.
Coincidencia con el escándalo de los audios
La participación de Maraniello en el caso de los audios de Karina Milei coincide con el avance de las denuncias en su contra. La filtración de los supuestos audios generó un operativo judicial desde el entorno presidencial para controlar su difusión.
El Gobierno nacional presentó una denuncia judicial tras la difusión de grabaciones ilegales a Karina Milei en la Casa Rosada, describiéndola como “una operación de inteligencia no institucional” destinada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Según el escrito, se trata de una maniobra “golpista” en la que habrían participado sectores de la oposición. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.
El fallo de Maraniello, que suspendió la difusión de los audios, fue favorable a Karina Milei y buscó evitar filtraciones que pudieran afectar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, donde se publicaron los audios, y apuntó a los responsables de su difusión, así como a allegados de la diputada Marcela Pagano.
La denuncia sostiene que la difusión se produjo en un “momento estratégico”, durante la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta esta coincidencia como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado, calificando la utilización de los audios como un hecho grave sin precedentes en la política argentina.
Fuentes oficiales reconocen preocupación interna por el impacto de la crisis, indicando que la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y alertando sobre el riesgo de que la situación política se complique si el oficialismo no obtiene un resultado favorable en los próximos comicios.
El oficialismo atribuye la filtración a una maniobra deliberada para dañar su imagen, señalando la coordinación de sectores opositores en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna que agrava la situación del Gobierno nacional.