El Gobierno apura un cambio de esquema para la justicia federal el 11 de agosto, sin consensos. Fiscalías vacantes o sin recursos, primera señal de alerta. Se cuela la Ley Antimafias.
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El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció el jueves pasado la implementación –prevista para el 11 de agosto- del sistema acusatorio en la justicia federal de la Capital Federal, a.k.a. Comodoro Py. Si fue un globo de ensayo para calibrar reacciones está funcionando a la perfección porque es el tema excluyente del mundo judicial que observa tanto imposibilidades operativas de llevarlo a la práctica como un trasfondo político en la decisión que buscan escudriñar. Pero quien tenía “inside information” fue la Cámara Federal de Apelaciones que ocho días antes firmó la acordada 2/2025 que precisamente destacaba en su considerando 2 la “urgente necesidad” de “sentar las bases orgánicas” frente a la “posibilidad” de implementación del acusatorio. Primereó así a la Cámara Federal de Casación que es la natural negociadora con el Ejecutivo para una modificación de esta naturaleza.
El desembarco del acusatorio, días después del regreso de la feria de invierno, en el fuero más gravitante para la política, encuentra un escenario complejo por un motivo primordial: las vacantes. No son ya los jueces federales de primera instancia el primer escollo a salvar por lo que propone un sistema que delega en los fiscales el rol de investigador a cargo de los expedientes y que los convierte en una suerte de jueces de garantías del proceso. El principal problema es que el Ministerio Público Fiscal está diezmado en recursos y en presupuesto para lograr una implementación exitosa. La sospecha que sobrevuela los despachos judiciales es qué tan exitosa busca ser esta reforma y cuál sería la contracara si en el cálculo está que fracase.
El cambio anunciado por el Ejecutivo incluye al fuero Penal Económico, vecino a Comodoro Py con sede en la avenida Inmigrantes. Valga un ejemplo porque abarca todas las causas de contrabando, algunas de lavado de activos y mucho de penal tributario. De las 11 fiscalías en lo penal económico hay 4 vacantes y un solo fiscal ante las dos salas de la Cámara.
En Comodoro Py, de las 12 de primera instancia también hay tres vacantes, pero con la fiscalía ante la Cámara ocupada interinamente desde la renuncia de Germán Moldes, en 2019. Eso sin sumar que la dotación de personal de las fiscalías es inversamente proporcional a la de los juzgados. Quizás por una razón lógica: en Retiro, los jueces eran “los reyes del proceso” y los fiscales podían ser convidados de piedra en las causas de mayor impacto político. Sin embargo, el acusatorio no sólo delega poder, sino que impone plazos perentorios para llevar adelante las investigaciones.
En la Procuración General domina el fastidio de que una vez más el Gobierno haya evitado todo tipo de consenso para imponer una fecha de implementación y la resignación de que deberán avanzar con miras a ese día ante algo que se presupone inevitable –virtuoso por sus defensores- pero con una clara decisión política de llevarlo adelante como ocurrió en otras jurisdicciones. Eduardo Casal busca evitar repetir la secuencia de Santa Fe en la que se negó de plano, pero luego la intermediación de la Corte Suprema permitió llevar adelante su aplicación, aunque no en el plazo de cuatro días en los que Cúneo Libarona había anunciado.
El problema como en otras latitudes no es tanto de infraestructura como de recursos humanos y coordinación. La resignación de la Procuración orbita en dos teoremas: o la implementación sale bien y el Gobierno se adjudica el éxito de lo que nadie intentó y gana margen para proponer a un Procurador titular; o bien, fracasa y tiene motivos para echarle la culpa a Casal y así proponer a un nuevo Procurador. Por eso hay un sector que bajo el radar inició una ronda de consultas a los fiscales de primera instancia para tantearlos acerca de elevar una nota al Procurador que ponga de manifiesto la inaplicabilidad fáctica del acusatorio y lo empujen a tomar una posición más confrontativa. En el listado de firmas habrá que rastrear los nombres gravitantes para el universo de los fiscales que pueden inclinar esa balanza.
La indiferencia del tema en los siempre poderosos jueces de Comodoro Py es una mixtura entre una atomización (ya no existe un liderazgo unívoco en el que estén todos encolumnados), las vacantes (de 12 hay 4 juzgados libres, con la chance de que se sumen dos más por ascenso o concursos), convicción doctrinaria en la virtud del cambio de sistema, y en el fondo, certeza de que serán “jueces de transición”. ¿Qué significa esto? Que todas las causas que actualmente estén en los juzgados federales de instrucción permanecerán a su cargo más allá de la fecha dada por el Gobierno para la bandera de largada del acusatorio. Hasta entonces, todo lo que ingrese y sea sorteado no será traspasado al modelo nuevo, sino que seguirá en manos de los magistrados, tal como hasta ahora. Eso es todo el paquete que involucra a actuales actores políticos de los distintos últimos gobiernos.
Clima alborotado
También hay cuestiones cocinándose en distintos aspectos que rodean la secuencia de alboroto que atraviesa Retiro: Martín Irurzun –próximo a cumplir la edad límite- está negociando con el Gobierno el envío de su pliego para renovar por cinco años más en la Cámara Federal. Fue ilustrativo de fragilidad que sus pares Eduardo Farah y Roberto Boico le hicieran juego de pinzas para arrebatarle la presidencia de la codiciada Sala II. Como ya se mencionó en estas páginas el Gobierno está ávido de hacerse de nuevas vacantes en primera instancia que pueda incluir en la bolsa donde están los dos concursos en etapa definitoria, que también tienen su homólogo para las plazas de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi como camaristas.
En Casación los ánimos no están menos aplacados porque la Casa Rosada ambiciona dos lugares más: la jubilación de Ángela Ledesma –cuya secretaria podría recalar como jueza- y la salida del siempre polémico Juan Carlos Gemignani. Pero no por los motivos aparentes, sino por la señal que enviaron con la firma de un fallo de febrero pasado que causó revuelo porque declaró inconstitucional parte del articulado de la Ley Petri respecto a la solicitud de libertad condicional en casos de narcotráfico. Casación convocó a un plenario para poner un criterio en común entre todos los jueces, pero más allá de eso busca tener el 8 de abril una foto con Horacio Rosatti que valide desde la Corte algo que causaría beneplácito a la agenda que lleva adelante Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad no está mirando el tema narco, sino cuál es la disposición de los agentes del sistema judicial para aplicar su Ley de Organizaciones Criminales (a.k.a. Ley Antimafias) que abre un menú indeterminado de opciones para aplicar sanciones penales, cuya difusa redacción expande el universo de potenciales destinatarios. En otras palabras, los más antiguos se preguntaban si Bullrich estaba en busca de conformar su propio “Camarón”. Que no es un crustáceo.