La legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP), Victoria Montenegro, denunció este viernes al secretario Alberto Baños y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por “desmantelar” la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y poner en riesgo los sitios de memoria mediante despidos masivos y el desfinanciamiento de áreas clave.
La situación en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue uno de los más impactados por este ajuste. Con 252 trabajadores despedidos y otros 300 pendientes, la SDH enfrenta un panorama crítico en un área que no llega a tener 800 trabajadores.
Por este motivo, Montenegro, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, presentó una denuncia ante el juzgado federal 6 de Comodoro Py, a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas. La legisladora sostuvo que las medidas impulsadas por Baños y Cúneo Libarona afectan gravemente la preservación de los sitios de memoria y la transmisión de la historia reciente de Argentina.
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Según sostiene, los funcionarios nacionales “han adoptado numerosas medidas que han afectado de manera directa el funcionamiento y la preservación de los sitios de memoria a través del desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos que viene sufriendo el sector público y en particular la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia”.
En su presentación, Montenegro señaló que Baños y Cúneo Libarona incumplieron la ley 26.691, que protege los ex centros clandestinos, poniendo en peligro la preservación de la memoria histórica y las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por tal motivo, fueron denunciados por abuso de autoridad y violación del deber del funcionario público.
Asimismo, la legisladora dijo que los despidos orquestados desde el Ministerio de Justicia impactaron en distintas áreas de los sitios: conservación, mantenimiento, educación, atención al público, entre otras. Además, advirtió que el gobierno puso a la venta terrenos en los funcionaron centros clandestinos –que incluso tenían medidas de no innovar dictadas por juzgados federales– ante el silencio de Baños, que es la autoridad de aplicación de la ley de sitios.
Protestas en la ex Esma: denuncian despidos y el Archivo General de la Memoria amaneció cerrado
“Todas estas medidas traen aparejado el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de graves violaciones a los derechos humanos –que son parte constitutiva de la identidad del pueblo argentino y se encuentran consagrados en la Constitución Nacional– con el consiguiente riesgo de responsabilidad internacional”, dijo Montenegro.
En esta línea, la legisladora porteña de Unión por la Patria señaló en su cuenta de X (extwitter): “No vamos a permitir el atropello a los trabajadores ni la destrucción de las políticas públicas que nos han convertido en un ejemplo mundial“.
El ajuste en la Secretaría de Derechos Humanos
El 2 de enero, trabajadores de los espacios de memoria en la exESMA realizaron una protesta tras el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y otros despidos masivos. A su llegada, los empleados encontraron los registros biométricos desactivados, y un listado informaba quiénes podrían ingresar a trabajar. La situación generó un fuerte rechazo, y desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el gobierno estaba utilizando la policía para comunicar los despidos.
Los trabajadores también criticaron el cierre del Archivo Nacional de la Memoria, que se encarga de preservar los documentos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. A pesar de las versiones oficiales que aseguran que estos centros serán “reestructurados” pero no cerrados, los empleados, sindicalistas y referentes políticos sostienen que lo que realmente está ocurriendo es un ajuste que desmantela la infraestructura clave para preservar la memoria histórica.
“El Gobierno de Javier Milei manda a la Policía a decirnos quiénes están despedidos“, señalaron los manifestantes, quienes también denunciaron la presencia de efectivos y camiones hidrantes en el lugar, ante la posibilidad de que se produjeran incidentes. A pesar de los intentos por frenar la protesta, el gremio convocó una asamblea unificada para rechazar lo que consideran un intento de “cierre” de organismos fundamentales para la memoria.
Denuncian el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y despidos de los trabajadores
En el Centro Cultural Haroldo Conti, los trabajadores recibieron instrucciones de quedar “en guardia pasiva” y no presentarse a trabajar desde el 2 de enero. ATE informó que los empleados fueron notificados a través de mensajes de WhatsApp, sin recibir detalles claros sobre la reestructuración. Frente a esto, los trabajadores continuaron con la denuncia pública y movilización, exigiendo la apertura de los espacios de memoria y el cese de los despidos.
El gobierno de Axel Kicillof, por su parte, salió a repudiar el “brutal ajuste” del Gobierno nacional a las políticas de memoria, verdad y justicia. “Repudiamos estas medidas que significan un atropello a los derechos humanos en un país que lleva 41 años de democracia a través de un consenso social del Nunca Más”, escribió el gobernador en su cuenta de X.
En este sentido, Kicillof recordó que la provincia creó una unidad provincial especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura después de que Milei cerró la unidad especial de investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo encargado de buscar a los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado.
RV / Gi