Virginia Martínez, conocida como la supuesta “empleada fantasma” en el marco de la causa Kraisman, negó este viernes los hechos ante el fiscal Anticorrupción Franco Mondino y evitó contestar preguntas.
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“Empleada fantasma”
Martínez, imputada por supuesto falso testimonio agravado, negó los hechos que se le atribuyen, no respondió preguntas y se abstuvo de seguir declarando ante el fiscal en lo Penal Económico de 2° Nominación, Franco Mondino, indicaron fuentes judiciales.
“Siempre ella se puso a disposición y aclaró que no había trabajado en la Legislatura. Ella no ha firmado ningún contrato en la Unicameral“, dijo Gustavo Castellano, abogado de Martínez, minutos antes de la declaración indagatoria.
“Un principio de derecho público es que los contratos administrativos en la medida que estén firmados tienen vigencia. Si no, no tienen valor”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
“Kraisman en realidad no es que la haya engañado a ella. Han hecho todo un ardid de designarla en un cargo que ella no tenía conocimiento”, aseguró el letrado.
“Virginia Martínez no conoce a Nadia Fernández (legisladora provincial del PJ). No ha prestado servicio para ellos”, insistió Castellano al ratificar la postura inicial de su defendida.
Luego de la indagatoria tanto Martínez como su abogado se retiraron sin formular declaraciones a la prensa.
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Causa Kraisman
La investigación se abrió por la detención en flagrancia del exfuncionario municipal, Guillermo Kraisman, en enero pasado cuando se presentó con otra funcionaria -ahora desplazada-, Luciana Castro, en el Banco de Córdoba, Sucursal de barrio General Paz e intentaron extraer $950.000 de una cuenta sueldo a nombre de Martínez.
En esa oportunidad la cajera advirtió que no eran los titulares del DNI que presentaban. A la par del procedimiento, la dueña del DNI, Virginia Martínez, se presentó a la Justicia a denunciar.
En la causa Kraisman está imputado por “defraudación calificada en grado de tentativa”, mientras que a Patricia Defunchio, madre de Martínez y vecina de Kraisman, se le atribuye la supuesta comisión de “defraudación a la administración publica agravada en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesaria”.