Detrás de la bandera del déficit cero, el gobierno de Javier Milei casi eliminó por completo la obra pública, cuyo movimiento posee un fuerte impacto sobre el resto de la actividad económica. Tras analizar una serie de las últimas dos décadas, un centro de estudios sugirió que cuando se incrementa el gasto de capital la pobreza disminuye; mientras que cuando se reduce, la cantidad de personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas aumenta. Esto explica la desmejora social actual.
El recorte en la inversión en infraestructura ejecutada en 2024 fue del 75%, lo que representó casi un punto del producto bruto interno, calcularon los equipos técnicos de Gabriel Katopodis, que se nuclean en el Instituto Argentina Grande (IAG). Esto tuvo un impacto directo en la construcción, que no paró de caer desde que asumió la administración libertaria. El sector se derrumbó un 46,8% interanual en noviembre de 2024, mientras que el acumulado desde enero hasta septiembre muestra una reducción del 25%, de acuerdo al Indec.
Este declive no solo afectó la actividad económica, sino que también arrastró la destrucción de puestos de trabajo. “El gobierno de Milei ha destruido 129.780 puestos de trabajo registrados en el sector privado, de los cuales la mitad corresponde a la construcción”, señala el informe. Para poner en contexto el impacto, compara la crisis actual con la pandemia de 2020: “En los primeros dos trimestres del año se perdieron 9.145 puestos menos que en los primeros meses de la pandemia, un dato alarmante para el empleo en el sector”.
A pesar de la caída de la actividad, el ingreso medio en la construcción se mantuvo relativamente estable, pero la masa salarial total disminuyó en términos reales. “En septiembre, el salario promedio de los trabajadores registrados alcanzó los niveles de noviembre de 2023, pero la masa sueldo total cayó un 19% en términos reales”, revela el informe. Esta caída refleja no solo la desaceleración de la construcción, sino también la precarización del empleo, dado que el 67,3% de los trabajadores del rubro no tiene acceso a descuentos jubilatorios.
“El Gobierno eligió ‘pasar la motosierra’ por donde era más sencillo: los jubilados, que no tienen la capacidad material de articularse políticamente con la efectividad con la que lo pueden hacer los trabajadores, y la obra pública (porque los impactos de su detención se vuelven evidentes, sobre todo a largo plazo)”, denunció el IAG.
La construcción es un rubro laboral altamente vinculado a los sectores de ingresos bajos: se nuclea en la construcción el 8,3% de los ocupados. Ahora, si se mira solamente el 20% más pobre de los ocupados, ese porcentaje sube al 9,5%.
En un estudio sobre multiplicadores fiscales, el BCRA estimó en 2020 que la obra pública posee un impacto adicional del 2,8 y 5,5, recuerda el IAG. Esto quiere decir que por cada peso adicional que el Estado invierte en gastos de capital, el PBI se incrementa entre $ 3 y $ 5, con un efecto que se materializa en los cuatro trimestres subsiguientes. “El efecto de este multiplicador es más alto que el de consumo público y el de gasto social: el gasto de capital produce la infraestructura necesaria para desarrollar el país en el largo plazo, pero también sirve para reactivar la economía en el corto”, concluyó el reporte armado por los técnicos especialistas liderados por Katopodis en el IAG.