El ministro Luis Caputo piensa en verde. Mejor dicho, verde dólar.
La economía atraviesa un momento crítico a las puertas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La incertidumbre política, combinada con la presión sobre el tipo de cambio, pone a prueba la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad. Un resultado adverso en los comicios podría desatar una mayor demanda de dólares, tensionando las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ya se encuentran en terreno negativo. En este contexto, el Ejecutivo ha preparado un plan alternativo, no anunciado oficialmente, pero que se perfila como una maniobra pragmática para garantizar liquidez en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Este plan B se centra en la reducción de la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGNME) de los bancos, una medida destinada a liberar dólares y contener la volatilidad en un mercado bajo presión. La PGNME representa el balance neto de activos y pasivos en moneda extranjera que las entidades financieras pueden mantener, incluyendo operaciones al contado, a término y otros instrumentos ligados al tipo de cambio.
Recientemente, el BCRA reforzó los controles sobre esta posición con medidas como la Comunicación “A” 8311, que limitó la capacidad de los bancos para incrementar sus tenencias de divisas al cierre de cada mes y estableció un cumplimiento diario de la PGNME negativa a partir de diciembre de 2025. Estas restricciones buscan evitar movimientos especulativos que desestabilicen el MULC, mientras que el aumento de los encajes bancarios ha reducido la liquidez en pesos, limitando la demanda de dólares por parte de las entidades financieras. Sin embargo, estas medidas han generado críticas en el sector bancario, que percibe un endurecimiento de las reglas en un contexto de alta incertidumbre.
Los bancos, la variable de ajuste en el mundo dólar
El plan B del Gobierno, diseñado como una herramienta de emergencia ante un posible escenario postelectoral adverso, implicaría una profundización de estas restricciones. Reducir aún más los límites de la PGNME obligaría a los bancos a desarmar posiciones en dólares, ya sea vendiendo divisas en el MULC o ajustando sus carteras de activos dolarizados. Esto generaría un flujo inmediato de dólares al mercado, aliviando la presión cambiaria sin necesidad de recurrir masivamente a las reservas del BCRA. Según pudo saber Ámbito, esta medida estuvo sobre la mesa de decisiones hace apenas algunos días, pero el ministro Luis Caputo prefirió esperar y no seguir tensionando la relación con los bancos.
Esto fue así porque la estrategia conlleva riesgos significativos. Forzar a los bancos a desprenderse de sus tenencias en moneda extranjera podría generar fricciones en el sistema financiero, especialmente si las entidades interpretan estas medidas como un cambio abrupto en las reglas de juego, como ya han señalado en el pasado.
Esta semana, el Tesoro intensificó sus esfuerzos para contener la volatilidad cambiaria, interviniendo directamente en el MULC con ventas significativas de dólares. El martes 2, coincidiendo con el anuncio de una nueva estrategia de intervención, el Tesoro vendió u$s200 millones, aunque el miércoles revirtió parcialmente esta dinámica. Ayer jueves, las ventas se reanudaron con una inyección de u$s150 millones. Estas operaciones, lideradas por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, buscaron estabilizar el tipo de cambio, que cerró en $1.365 tras un repunte de los dólares financieros y oficiales, mientras el dólar blue mostró una leve baja.
dolar bcra intervencion reservas
Sin embargo, el BCRA continuó perdiendo reservas, evidenciando la dificultad de sostener el equilibrio cambiario en un contexto de incertidumbre electoral. A pesar de estas intervenciones, el mercado mantiene la guardia alta. Según estimaciones, el Tesoro contaba inicialmente con un poder de fuego de u$s1.800 millones para intervenir hasta las elecciones nacionales. Con las operaciones recientes, se calcula que le restan aproximadamente u$s1.600 millones, una cifra limitada para enfrentar una posible corrida cambiaria, especialmente si los $65 billones en depósitos a plazo fijo migran hacia el dólar, forzando al BCRA a intervenir en el techo de la banda cambiaria, actualmente en $1.482.
El frente financiero, cada vez más complicado
La autorización del Fondo Monetario Internacional (FMI) para estas ventas, condicionada al uso de recursos del superávit fiscal, refleja la delicada relación entre el Gobierno y el organismo, que exige acumular reservas para cumplir con las metas del programa de u$s20.000 millones acordado en abril. El impacto de las elecciones bonaerenses añade una capa adicional de complejidad. Las encuestas sugieren que el peronismo podría obtener una victoria contundente en la tercera sección electoral, mientras que la primera sección anticipa una contienda más reñida. Aunque se espera que La Libertad Avanza (LLA) capture una porción de votos más significativa en las secciones, el peronismo podría consolidar un respaldo mayor, fortaleciendo su posición de cara a los comicios nacionales.
Este escenario mantiene en vilo a los mercados, que ven en el resultado electoral una señal sobre la capacidad del Gobierno para sostener su agenda económica. Comparado con 2023, cuando el peronismo ganó la tercera sección por 16 puntos, las proyecciones actuales indican una brecha menor, pero suficiente para mantener la presión sobre el oficialismo. El dato es que, más allá de lo electoral, los analistas comienzan a restarle peso a los comicios como determinante exclusivo de la dinámica económica.
El Gobierno enfrenta desafíos estructurales que trascienden el resultado de las urnas. Los superávits gemelos, que fueron un pilar de la gestión de Milei, evidencian un futuro que no es promisorio: el superávit financiero no sólo se perdió, sino que en julio, tomando los intereses que se capitalizan, hubiera dado en déficit de $19 billones. Por otro lado, el primario está en riesgo tras la reciente aprobación en el Senado de la emergencia por discapacidad, que invalidó el veto presidencial. Estas presiones fiscales, combinadas con un atraso cambiario estimado entre 20% y 30% en términos reales, dificultan la acumulación de reservas y generan dudas sobre la sostenibilidad del esquema de bandas cambiarias, que permite al tipo de cambio flotar entre $1.000 y $1.400, con ajustes mensuales de -1% y +1%, respectivamente.
El plan B, centrado en la reducción de la PGNME, se presenta como una herramienta de contención para ganar tiempo frente a un escenario de alta volatilidad. Sin embargo, su efectividad dependerá de la magnitud del ajuste, la reacción del sistema bancario y la capacidad del BCRA para gestionar la liquidez de manera coordinada.