En un contexto donde la política migratoria nacional se mantiene como un tema de intenso debate, Nueva York mantiene su postura como un estado que protege los derechos de las personas inmigrantes. Las leyes actuales limitan la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración y establecen salvaguardas para evitar detenciones arbitrarias. Sin embargo, dos proyectos de ley en discusión contra la inmigración ilegal podrían cambiar el panorama en los próximos meses.
La Constitución de Estados Unidos, específicamente la Décima Enmienda, establece que el gobierno federal no puede obligar a los estados o localidades a ejecutar programas regulatorios federales, entre los que se incluyen la aplicación de leyes migratorias.
Este principio es la base de las normativas vigentes en Nueva York, que protegen a los inmigrantes al restringir la colaboración de las fuerzas policiales locales con agencias federales migratorias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La fiscal general James declaró que “Nueva York no será intimidado para violar la ley y cumplir con una promesa de campaña de deportaciones masivas”. En línea con esta postura, el estado prohíbe a las autoridades locales arrestar o detener a personas únicamente por violaciones migratorias civiles, a menos que exista una orden judicial firmada por un juez federal.
Uno de los puntos más críticos es el tratamiento de las retenciones migratorias (detainers), solicitudes mediante las cuales el ICE pide a las cárceles locales que retengan a un individuo hasta 48 horas después de su liberación programada. Nueva York considera que estas peticiones, si no están respaldadas por una orden judicial, carecen de validez legal.
Ejemplos de detenciones ilegales en Nueva York incluyen:
Las cortes federales respaldaron esta interpretación, al llegar a fallar que las retenciones migratorias sin orden judicial violan la Cuarta Enmienda. Incluso, algunas sentencias permitieron demandas por daños monetarios contra agencias que aplican estas detenciones de manera irregular.
Otra área clave es el intercambio de información entre autoridades locales y federales. Mientras la ley federal (8 U.S.C. § 1373) prohíbe a los gobiernos estatales y locales bloquear el envío de datos sobre estatus migratorio, no los obliga a recolectar o compartir activamente esos datos.
Nueva York aprovechó este margen para limitar la colaboración. Por ejemplo:
La fiscalía general también advierte que acuerdos como el programa 287(g), que permite capacitar a agentes locales para hacer cumplir leyes migratorias, podrían ser ilegales bajo las normas estatales y socavar la confianza de las comunidades inmigrantes en la Policía local.
Mientras las leyes actuales refuerzan las protecciones, dos iniciativas legislativas podrían cambiar el panorama:
Senate Bill S4538: la “BUILD Act” para defensa legal de migrantes
Patrocinado por el senador John Liu, este proyecto busca ampliar el acceso a representación legal para personas en proceso de deportación. Entre sus puntos clave:
La justificación del proyecto es clara: “Miles de inmigrantes en Nueva York enfrentan la deportación sin representación adecuada”. De aprobarse, el estado daría un paso más en su enfoque proinmigrante.
Assembly Bill A5467: mayor poder policial para aplicar leyes migratorias
En contraste, esta iniciativa, impulsada por el asambleísta Eric Brown, busca autorizar a las policías locales a colaborar activamente con el ICE mediante el programa 287(g). Sus aspectos principales incluyen:
El proyecto argumenta que “la actividad criminal de inmigrantes indocumentados representa una amenaza significativa para la seguridad pública” y cita como ejemplo el condado de Nassau, que ya aplica este modelo.
Con las leyes actuales, Nueva York mantiene un muro jurídico contra políticas federales de deportación agresivas. Sin embargo, la discusión legislativa podría inclinar la balanza hacia una mayor protección o, por el contrario, hacia una colaboración más estrecha con el ICE.
Mientras tanto, la fiscal general James sigue firme: “Siempre defenderé nuestras leyes y protegeré los derechos de todos los neoyorquinos, incluidos los inmigrantes”.