Puede ser que hubo alguna irregularidad pero no hubo mala intención, se defendió la vicegobernadora de Neuquén

La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, ejerció este miércoles su derecho a la defensa y dio explicaciones sobre un duro informe de una comisión investigadora de la cámara que la acusa de “inhabilidad moral” para ejercer su rol como presidenta de la Legislatura. Tras un extenso debate, respondió cada punto que cuestionan de su gestión y, ahora, los diputados deberán decidir si convocan o no a una sesión especial para separarla de su cargo. “Puede ser que hubo alguna irregularidad pero no hubo mala intención y que a partir de lo que pasó deberían irse corrigiendo”, afirmó Ruiz, que está temporalmente suspendida de sus funciones.

Acompañada por su abogado defensor, Carlos Broitman, se presentó a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para responder al informe, luego de pedir una prórroga en la primera cita, que fue el pasado viernes.

Después de una hora de debate por temas técnicos, Ruiz leyó un extenso descargo en el que cuestionó las faltas procesales y aseguró que no estaba garantizado el debido proceso para avanzar con la investigación y posible expulsión de su cargo, por lo que pidió la nulidad de la comisión investigadora.

El abogado defensor agregó que la investigación para determinar la “inhabilidad moral” de Ruiz busca generar un aspecto de transparencia sobre un proceso que no lo tiene y aclaró que se trata de una persecución política que podría resolverse de manera más simple, con un debate que obtenga dos tercios de los votos en la cámara.

“Pido libertad de conciencia, que el que tenga que levantar la mano obligado que especifique por qué lo hace”, afirmó, a tono con la acusación de Ruiz a presiones políticas sobre los legisladores provinciales.

“La investigación da por cierta información de la Fiscalía que asegura que la presunción de inocencia no está rota y por la cual la vicegobernadora Ruiz no está imputada”, dijo su abogado, que acusó a los diputados de decidir una expulsión de manera imprudente y anticipada.

La defensa citó a los trabajadores de la Legislatura a testimoniar en defensa de Ruiz, pero el sindicato de los trabajadores, ANEL, envió un comunicado para otorgar protección gremial y aclarar: “Los empleados de carrera no tenemos responsabilidad por las decisiones políticas que toman las autoridades electivas”.

El debate en la comisión se extendió por más de ocho horas y tuvo algunos episodios insólitos, pausas para ir al baño y hasta relatos de anécdotas personales de los abogados defensores. Primero se dio una disputa entre los diputados provinciales y la defensa, que quería ingresar cuatro cajas de documentación probatoria.

Durante la lectura que hizo Ruiz, los diputados provinciales se repartieron bombones, lo que se interpretó como una chicana de la comisión, ya que el informe sumó como argumento de la “inhabilidad moral” la compra directa de 200 latas de bombones por 4 millones de pesos.

Ruiz también fue cuestionada por haber contratado a un asesor de prensa de la Legislatura que había sido dado de baja de la planta política y que cobraba su sueldo a través de las facturas que presentaba su esposa. Aunque aclaró que el funcionario trabaja ad honorem y que no había sido designado con esta figura por retrasos de la Secretaría de Cámara, los diputados aseguraron que llamaba la atención que presenciara sesiones de 14 horas sin cobrar. A eso, la vicegobernadora aseguró que lo hacía “porque es un apasionado”.

La vicegobernadora temporalmente suspendida dio explicaciones sobre las irregularidades de las que la acusan, aunque con mayor intervención de su abogado defensor que con sus propias palabras.

Cuestionada por el nombramiento de familiares en la estructura de la Legislatura, aseguró que nombró a su esposo y dos hermanas, pero negó tener lazos sanguíneos con otras seis personas designadas. Los abogados aclararon que el informe hablaba de “primos” y no de “primos políticos”, por lo que se limitaron a probar que no hubieran lazos de sangre entre ellos y la vicegobernadora.

Ruiz admitió que Gustavo Chitadinno, que fue designado por ella en uno de los cargos más importantes de la estructura, es yerno del tío de Costa, su marido. Y aclaró que otra secretaria, a quien señalaron como amiga era sólo “una conocida” que había sido su secretaria cuando era intendenta de Plottier.

Cuestionada por la compra irregular de una camioneta Toyota 4×4, los defensores fueron cuestionados por presentar varias versiones sobre el origen de los fondos. Entre ellos, un préstamo prendario a nombre de su suegra, la venta de una camioneta Ford Ranger al tío de Costa, que, a cambio, pidió a su yerno el depósito de 20 millones de pesos a la concesionaria.

El diputado de Neuquinizate Francisco Lepore cuestionó que haya cuatro montos distintos de la camioneta Toyota, que van de los 30 a los casi 50 millones de pesos. Y agregó, “no obstante, lo objetivo es que un mes después de haber recibido la transferencia de 20 millones de Chitadinno, él fue nombrado en uno de los cargos más altos de la Legislatura” con un salario incluso superior al de Ruiz.

El diputado provincial de Pro Marcelo Bermúdez que es contador de profesión, aclaró que la compra intrincada de la camioneta Toyota “no es común” y cuestionó las diferentes versiones presentadas. Afirmó que la comisión investigadora cuestiona “este tipo de conductas”, sobre todo porque “no procede así una persona que está políticamente expuesta”.

“No es común que se lo compre a nombre de mi suegra y que se la venda al tío de mi marido”, dijo, y agregó que “es reprochable también desde lo tributario”.

A su turno, el diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez, aclaró que comprar una camioneta a través de su suegra en 2021, cuando era intendenta de Plottier, y por tanto una persona expuesta políticamente, también es algo “gravísimo”.

Ruiz y su defensa respondieron por los gastos protocolares, que sumaron un monto superior a los 400 millones de pesos. “Es el 3% de la recaudación total de impuesto inmobiliario de toda la provincia”, se quejó Bermúdez.

Los defensores aclararon que los gastos protocolares ya se hacían en gestiones anteriores y que no responden sólo a los viajes de Ruiz y su comitiva de siete personas al interior de la provincia, sino también a aportes para Municipios, entidades deportivas u ONGS.

La defensa de Ruiz respondió por los sobreprecios en el pago de banners y gigantografías. Señaló que se trataron de elementos de la mejor calidad. También negó haber usado fondos públicos para hacer spots de su gestión que se publicaron en sus redes personales y no en la página oficial de la Legislatura.

La diputada Verónica Lichter explicó que no cuestionan la calidad de un banner, sino el acuerdo moral que empezó en diciembre, cuando Ruiz asumió con un discurso en el que prometía una administración austera. “Contrata montos de toda razonabilidad de austeridad, ahí se rompió el contrato”, afirmó.

También salió a la luz el reproche por la última investigación judicial, que acusa a Ruiz de haber desviado fondos de una ONG de personas con discapacidad para construir una pileta de natación en un terreno propio cuando era intendenta de Plottier.

Indagada por el diputado Domínguez, admitió saber que el arquitecto que diseñó la pileta era el hijo del asesor de prensa que cobraba a través de su esposa, aunque afirmó que el terreno no era de su propiedad. Tras ser cuestionada, dijo saberlo porque este arquitecto trabajaba en la Municipalidad de Plottier y, en otra versión, porque ella le había pedido un diseño de una casa.

Consultada por el primer hecho que destapó la investigación por corrupción, Ruiz aseguró no estar al tanto de que su hermano cobraba fondos de la Legislatura en su cuenta bancaria personal. “Nunca hablaba de plata con él, me ocupaba de cuestiones políticas y había otras áreas a cargo de eso”, dijo la vicegobernadora y reclamó por la ausencia de los trabajadores legislativos que podían dar explicaciones.

“Me enteré cuando mi hermano fue citado al banco, los jefes de bloque también reciben en su cuenta personal el monto para los gastos de su bloque”, afirmó. “A mí también me depositaban en mi cuenta los montos de gastos reservados cuando mi sueldo lo paga el Poder Ejecutivo y no la Legislatura. La gente estaba acostumbrada a eso”, se quejó.

Domínguez aclaró que hay una ley provincial que no permite que los funcionarios paguen a proveedores en efectivo y recordó que no hay datos de las transferencias. Bermúdez, a su turno, aseguró que otra vez se dieron varias versiones que no terminaban de explicar cómo se controlaban los usos de fondos públicos.

Tras repasar todos los puntos, Ruiz hizo un cierre. “Quiero decir que sí acompañé a mi provincia, esos 400 millones que aparecen ahí fueron en parte a escuelas e instituciones. Puede ser que hubo alguna irregularidad pero no hubo mala intención y que a partir de lo que pasó deberían irse corrigiendo”, dijo sobre el proceso que se está desarrollando y que consideró “un llamado de atención no sólo para la clase política”.

“Me preguntan por qué no renuncié y era porque quería dar explicaciones de los puntos de los que me cuestionaron” porque señaló que no cree haber cometido un ilícito. “Nunca quise quedarme con ningún fondo, como se me acusa”, expresó.