Una oficina independiente del Fondo Monetario Internacional revisó la gestión del organismo en varios programas con abultados desembolsos a distintos países en los últimos tiempos y señaló que el préstamo de US$ 44.000 millones que el FMI otorgó en 2018 a la Argentina –el más grande en la historia del Fondo– tuvo “problemas de diseño e implementación de las políticas” y que la posibilidad de que pagara la deuda estaba en una “zona gris”.
Sin embargo, concluyó que “no encontró evidencias que respaldaran la afirmación de que el personal y el directorio se adaptaron a presiones externas para recomendar un acuerdo que no cumplía con los criterios o carecía de una posibilidad razonable de éxito”.
La Oficina de Investigación Independiente (IOI, según sus siglas en inglés) del Fondo publicó este jueves un reporte en el que evaluó los préstamos de acceso excepcional más grandes de las últimas décadas.
El reporte, que fue presentado la semana pasada ante el directorio ejecutivo del organismo, analizó el paquete de Argentina de 2018, así como también el préstamo de US$ 5.200 millones de Egipto y el de US$ 6.500 de Ecuador de 2020, entre otros.
El informe llegó a manos del directorio ejecutivo, justo cuando el Gobierno argentino busca que el FMI le apruebe un nuevo programa (que incluya más desembolsos) para reforzar las reservas para salir del cepo y apuntalar la economía. El board mirará con atención las recomendaciones de este reporte para no cometer los mismos errores.
La política de acceso excepcional, adoptada en 2002 para los países con grandes necesidades de endeudamiento, permite a los países recibir financiación muy por encima de su “cuota” del FMI, más del 200% de su asignación en un solo año con un límite de acceso acumulativo en el 600% de su cuota.
El reporte tiene cerca de 100 páginas. Miguel de las Casas y Carlos Pérez Verdía se encargaron de analizar el caso argentino, “el más grande de la historia del Fondo y el primero en el que la deuda cayó en la ‘zona gris’”, señalan, en referencia a la deuda considerada sostenible pero no con alta probabilidad de pago.
El acuerdo de 2018 “se llevó a cabo en un contexto complejo, y las opiniones estuvieron divididas sobre el diagnóstico de los problemas, las políticas para abordarlos y el cumplimiento de los cuatro criterios de acceso especial”, dicen sobre el caso.
Como algo positivo, el documento encuentra que “la política de acceso excepcional fue una herramienta útil para el pensamiento sistemático y crítico, contribuyendo a la elaboración de documentos programáticos exhaustivos que expongan claramente los riesgos conocidos”.
“Sin embargo, el caso también revela problemas de diseño e implementación de la Política de Acceso Excepcional. Una evaluación positiva del cumplimiento de los criterios (para acceder al préstamo) puede dar lugar a una falsa sensación de seguridad, y el marco deja demasiado margen para el juicio”.
“Dicho esto, la Oficina Independiente de Evaluación no encontró pruebas que respaldaran la afirmación de que el personal técnico y el directorio se adaptaron a las presiones externas y recomendaron un acuerdo que no cumplía con los criterios o carecía de una posibilidad razonable de éxito”, afirman.
En ese entonces se estimaba que el gobierno de Donald Trump, de buena relación con el presidente Mauricio Macri, había alentado que se le diera a la Argentina un desembolso récord de 44.000 millones.
El caso argentino ilustra varios puntos, señala el informe:
- El criterio de sostenibilidad de deuda para conseguir un préstamo de acceso excepcional puede ser confuso, excesivamente sensible a las suposiciones y demasiado dependiente del juicio, lo que puede acabar dañando la credibilidad y la reputación del Fondo.
- El FMI carece de un marco analítico sólido para evaluar las perspectivas de acceso a los mercados.
- El compromiso de un programa con perspectivas razonables de éxito es cuestionable, especialmente cuando la polarización política es alta o cuando las elecciones caen dentro de la vigencia del acuerdo.
A nivel general, la evaluación concluye que, si bien las políticas de acceso excepcional han mejorado el enfoque anterior más discrecional del Fondo, no han cumplido plenamente sus objetivos. Por ejemplo, señalan que los programas de Facilidades Extendidas “no han tenido salvaguardias sustancialmente más elevadas que los programas normales” y no han aclarado las expectativas sobre los préstamos del Fondo y la asunción de riesgos.
También, advierten que “la forma en que se implementó esta política dio lugar a percepciones de falta de imparcialidad”. Agregan que “en algunos casos, se ha percibido que las evaluaciones del personal técnico tienen un sesgo optimista, lo que erosiona la credibilidad de los programas y del Fondo”.
Además, señalan que se debería “actualizar y mejorar el calendario y el contenido de los procedimientos de consulta con el Directorio”, la eficacia e independencia de las evaluaciones ex post, y la integración de las políticas de Facilidades Extendidas con la política de gestión del riesgo institucional del Fondo.
La evaluación propone cinco recomendaciones finales para mejorar el proceso de acceso excepcional:
- Revisar mejor los límites
- Enfatizar en el diseño de programas sólidos para lograr mayores salvaguardas
- Eliminar lagunas técnicas
- Adoptar medidas para reducir los riesgos, la rendición y el aprendizaje
- Reforzar la coherencia entre las políticas de acceso excepcional y la gestión de riesgos.