La presentación judicial apuntó principalmente a un conflicto de intereses relacionado con la actividad profesional de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y su vínculo con empresas que operan con el Estado.
Los contratos con una naviera
El punto central del escrito se enfocó en la relación entre la consultora +BE, propiedad de Angeletti, y la empresa National Shipping SA, una firma dedicada al transporte de hidrocarburos que mantiene vínculos comerciales con YPF, donde Adorni se desempeña como director.
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Pagani fue la encargada de realizar la denuncia.
Archivo
Según la información relevada, la consultora brindó capacitaciones a directivos de la naviera en distintas fechas: el 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, por un monto total de $6.370.000.
Fuentes de la empresa indicaron que su relación con YPF no es reciente, sino que se remonta a 1998, con contratos continuos en el transporte marítimo y fluvial de combustibles.
Además, precisaron que Adorni fue designado como director titular Clase A de YPF el 30 de enero de 2026, es decir, con posterioridad a los servicios prestados por la consultora.
La presentación de Pagano
En su presentación, Pagano sostuvo que podría existir un esquema de retorno de fondos. La denuncia quedó radicada en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo.
“Le retorna parte de esos fondos —bajo la forma de honorarios por servicios de consultoría— a la empresa de su cónyuge”, afirmó la diputada en el escrito.
El planteo incluyó la existencia de un “circuito triangular de flujos económicos” entre la naviera, la petrolera estatal y la consultora privada.
Según la denuncia, los contratos de transporte marítimo involucrarían montos cercanos a los u$s140 millones anuales, en el marco de la legislación de cabotaje que regula este tipo de operaciones.
Patrimonio y nivel de vida
Otro de los ejes del expediente apuntó a la evolución patrimonial de Adorni. La denuncia planteó que, pese a mantener un salario congelado desde 2023, su patrimonio habría mostrado un incremento.
Para justificar su situación financiera, el funcionario habría declarado “deudas significativas con cuatro acreedores privados”, entre los que figuran familiares directos.
Tecnópolis y vínculos empresariales
El escrito también incluyó cuestionamientos sobre el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, estimado en $183.000 millones, bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Entre las empresas interesadas en la licitación figuró DirecTV Argentina S.A., en asociación con el Grupo Foggia.
Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti 2
Según la denuncia, este grupo empresarial sería cliente de la consultora de Angeletti. Además, se señaló un vínculo personal relevante: Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia, es pareja de Marcelo Dionisio, referente del grupo, y ocupó cargos en esa firma hasta 2024.
Empresas, servicios y organismos públicos
La presentación también mencionó a Grupo Datco, otra empresa cliente de la consultora, que presta servicios a múltiples organismos estatales bajo la órbita de Adorni.
Entre ellos se incluyeron:
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ARCA
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AySA
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Banco Central
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Banco Nación
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Aerolíneas Argentinas
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Trenes Argentinos
Según el planteo, esta red de vínculos podría configurar un entramado de relaciones entre el sector público y privado que requiere ser investigado.
Licitaciones y sospechas de competencia simulada
La denuncia también abordó posibles irregularidades en licitaciones vinculadas a servicios de mensajería del Estado.
En un proceso por más de $3.650 millones, se señaló que algunas empresas oferentes podrían estar relacionadas entre sí.
Entre los casos mencionados se encuentran ATX S.A., adjudicataria del contrato, presidida por Rubén Santiago Ward, y Area Tech S.A., excluida del proceso, dirigida por Pablo Javier Casal.
Según la denuncia, ambos empresarios compartieron antecedentes laborales y vínculos societarios, además de domicilios en Parque Patricios.
También se identificaron conexiones entre otras firmas participantes, como Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, que estarían bajo control de un mismo grupo familiar.
La denuncia presentada por Marcela Pagano abrió una investigación judicial que ahora deberá determinar si existieron incompatibilidades, irregularidades administrativas o conflictos de intereses en las acciones del jefe de Gabinete.
El expediente quedó en manos del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, donde se analizarán los elementos aportados y se definirá el curso de la causa en las próximas semanas.