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Casación definirá el futuro del arresto domiciliario de CFK en Constitución

La Cámara Federal de Casación encabezará mañana una audiencia para empezar a analizar diversas impugnaciones sobre el arresto domiciliario de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las normas dispuestas por el Tribunal Oral 2 para el cumplimiento de la condena.

La audiencia está prevista para el mediodía. Será presencial en el primer piso de Comodoro Py 2002. Fue convocada por el juez Mariano Borinsky, titular de la Sala IV de ese cuerpo del que además integran Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, a quienes en diversas fases de la causa Vialidad, Cristina fracasó buscando sus apartamientos.

Los abogados de Cristina Carlos Beraldi y Ary Llernovoy tendrán la oportunidad de dirigirse a los camaristas para reeditar oralmente dos puntos impugnados sobre las reglas de conducta dispuestas por el Tribunal Oral Número 2 toda vez que el pasado 17 de junio le concedió la prisión domiciliaria.

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El primero, que se le amplíen las visitas sin necesidad de autorización. Los jueces del TOF 2 señalaron que a través de una lista señale sus familiares, médicos y abogados para acceder a su departamento de San José 1111 sin autorización judicial. Tanto Beraldi como Llernovoy entienden que se están violando los derechos políticos y partidarios de su clienta.

Para los letrados, esa regla forma parte de un “régimen de exclusión totalmente arbitrario” y catalogaron como insensato que las visitas, fuera del círculo más íntimo de Cristina “deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”.

Los defensores agregaron que no se han tomado en cuenta a otras personas que también son parte del entorno de la exjefa de Estado; a modo de ejemplo señalaron contadores, apoderados de cuestiones administrativas, peritos de otras causas donde la defienden, además de otros asesores que la asisten “para continuar desarrollando actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena”.

Por otra parte, argumentaron “una llamativa falta de fundamentación” pues no se entendía “cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que deseen visitar a nuestra representada, salvo los casos exceptuados, deban requerir y motivar una autorización previa” y tampoco “el criterio que podría adoptar el tribunal para responder a las peticiones”. La respuesta del tribunal fue categórica: “El planteo no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados”.

En medio del cuestionamiento a este punto, legisladores kirchneristas consignaron al tribunal una nota donde señalaron que no requerían de ninguna autorización judicial para visitar a la exmandataria. El juez Gorini señaló que el reclamo era “manifiestamente impertinente”.

Hasta ahora el único permiso solicitado por Cristina y autorizado por el tribunal fue el de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Por otra parte, el segundo punto que expondrá la defensa ante Casación es el de la colocación de la tobillera electrónica a la exvicepresidenta, encomendada al Ministerio de Justicia y que también es parte de la serie de normas de conducta.

Finalmente, el fiscal ante Casación Mario Villar expondrá de forma más ampliada la objeción de sus pares de juicio Diego Luciani y Sergio Mola sobre la concesión del beneficio del arresto domiciliario a Cristina del cual sostienen que fue un privilegio y que además la exmandataria aprovecha “la indefinición judicial” del régimen de visitas “para emitir constantes afrentas contra los propios jueces y magistrados”.

Luciani y Mola pusieron en discusión el otorgamiento de la prisión domiciliaria pues a su juicio, los abogados de Cristina no invocaron razones humanitarias para justificar la concesión de dicha medida. Por otra parte, critican el comportamiento de Cristina bajo este régimen. Los funcionarios adujeron que se dejó “prácticamente en cabeza de la propia persona condenada la definición de los alcances de las reglas”. Los fiscales creen que el departamento de San José 1111 no es conveniente para que la exmandataria cumpla la pena de seis años de prisión por las condiciones de seguridad, la tranquilidad del barrio y de los vecinos por su ubicación y la congregación de sus seguidores. Insisten en que la exmandataria sea alojada en una cárcel. Toda vez que los jueces escuchen a las partes tendrán cinco días para resolver si sostienen lo dispuesto por el TOF 2 u ordenan medidas más restrictivas.

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