El Gobierno oficializó una serie de modificaciones al Presupuesto 2025 mediante el decreto 186/2025, una medida que busca redistribuir recursos para atender áreas prioritarias como seguridad, salud y educación, al tiempo que introduce ajustes significativos en el sector energético y habilita nuevos mecanismos de financiamiento para las provincias.
Estas modificaciones del Gobierno, justificadas por la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos, han generado un amplio debate sobre su impacto en la economía y en la prestación de servicios esenciales.
Uno de los puntos centrales del decreto es el refuerzo presupuestario destinado al Ministerio de Seguridad. Este incremento tiene como objetivo fortalecer el monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas o condenadas, una medida que busca mejorar la supervisión y reducir los riesgos asociados a la reincidencia delictiva.
Además, se asignaron recursos adicionales a los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que refleja un enfoque integral en la seguridad nacional. En el ámbito de la salud, el decreto contempla un aumento de las partidas para el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Estos fondos están destinados a garantizar el funcionamiento normal de estas instituciones y a realizar auditorías masivas de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Estas medidas buscan fortalecer la red de protección social y garantizar el acceso a servicios esenciales para los sectores más vulnerables de la población.
En el sector educativo, se restableció la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075, que garantiza la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios. Esta decisión busca asegurar la continuidad de los programas educativos y reducir las desigualdades en el acceso a la educación en todo el país.
Decreto
Por otro lado, el decreto introduce ajustes significativos en el sector energético. Se redujeron las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), mientras que se incrementaron los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz.
Además, se estableció un régimen especial de regularización para las distribuidoras eléctricas que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Estas medidas del Gobierno buscan equilibrar las finanzas del sector eléctrico y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
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